LOS PRESOS MÁS IGNORADOS DE LAS CÁRCELES LATINOAMERICANAS: LOS DERECHOS HUMANOS (1era parte).

Introducción

Este trabajo resulta de la revisión actualizada de uno anterior, que apareció en la Revista Brasileira de Ciências Criminais, San Pablo, nº 29, enero-marzo de 2000, con el título de: “Las cárceles de América Latina, ¿Qué ofrecen para el tercer milenio?” . Ahora, en 2015, mi amigo César Barros Leal me solicita una contribución para un homenaje a Antonio Sánchez Galindo, y releí aquel viejo artículo, que me dejó estupefacto ante lo que yo mismo había documentado 15 años atrás. Tanto me impresionaron esas experiencias lejanas que, tras meditarlo, opté por mantener la información de época, porque estoy seguro de que generaciones de jóvenes juristas ya no tendrán, posiblemente, conocimiento de aquello que ya pasó (y que, lamentablemente, continúa pasando sin mayores cambios). La memoria humana suele ser ingrata, y mucho más con aquellos a quienes la sociedad desprecia, como los infelices que están dentro de las cárceles, por el hecho de ser “delincuentes”. Creo, entonces, que este trabajo conserva valor didáctico, para recordar que en 15 ó 20 años nada, o casi nada, ha cambiado en nuestra región, en materia de ejecución penal.

Por cierto, de todas las instancias del sistema penal, el tema de las cárceles y la ejecución penal debe ser el más estudiado y debatido a nivel nacional e internacional. Es tan abrumadora la cantidad de artículos, libros y sistematizaciones teóricas, que no puedo reflejarlas aquí con un alcance medianamente abarcador. Este análisis no pretende ser, entonces, más que un repaso de algunos aspectos esenciales en la discusión del problema carcelario latinoamericano.

1. Interpretación teórica de las penas y los sistemas penales

En materia criminológica, los temas de los procesos y la imposición de penas por el sistema penal son muy relevantes por constituir la apoteosis del control formal, la factoría donde se elabora el producto final de un complejo sistema que produce procesados y condenados. Por ahora, penalistas y criminólogos seguimos sumergidos en la ambivalencia teórica e institucional conforme a la cual las cárceles y las penas de encierro son inevitables, un mal menor que debe desaparecer sí, pero gradualmente, mientras se renueven y reciclan los edificios y leyes actuales. A muchos nos acicatea, sin embargo, un interrogante: lo que se está justificando como el estado de las cosas, ¿Es progreso, más de lo mismo, o incluso algo peor? La cuestión conduce al debate sobre el fin, el sentido, la reglamentación y las modalidades de la pena, que ocupa un espacio teórico enorme, en varias disciplinas del pensamiento, en el cual, por momentos, pareciera que todos estamos de acuerdo; mas, a la hora de hacernos cargo de que el monstruo sigue entre nosotros, gozando de enorme consenso, se queman nuestros papeles. Sin duda, el asunto es mucho más complejo que los esquemas, teorías y a veces simplificaciones en que se cayó desde los enfoques de la reacción social y el abolicionismo.

Es cierto que en el plano racional la cárcel "no tiene futuro", porque no encuentra un argumento explicativo acabado en lo filosófico, moral ni pedagógico. (Para muestra, puede verse el análisis de Ferrajoli sobre el fracaso de los intentos retributivos). En cuanto a la praxis, cabe recordar que se basa en presupuestos también insostenibles, tales como mejorar en aislamiento, corregir suprimiendo la autodeterminación o simplemente amedrentar, pero eso sí: para reducir el potencial de reacción negativa del sujeto transgresor. Estos son algunos de los motivos por los que la última gran ilusión funcional de las cárceles, o sea los proyectos de resocialización, readaptación o rehabilitación social, cayeron en un descrédito enorme sobre el fin de siglo XX.

El vaciamiento de contenidos "altruistas" o "utilitarios" al hecho de poder que significa imponer penas, resta gran parte de su legitimación a todos los sistemas penitenciarios; con mayor razón, todavía, a aquellos como los que predominan en América Latina, instalados en medio de carencias, precariedades materiales y violencia sistemática.

En suma, puede afirmarse que todos los discursos del fin último de la pena sólo embellecieron al único que, eficaz y realmente, siempre se impuso: la mera retribución.

Mientras tanto, nuestros legisladores no salen del cubículo conceptual de unas penas a la que siguen atribuyendo poderes de prevención general, e insisten en aumentarlas y crear tipos penales para cientos de conductas, en un rumbo que es sordo no sólo al discurso criminológico, sino también al de penalistas de máxima jerarquía. La única explicación posible es que las penas de encierro simplemente sirven a necesidades de poder y de hegemonía política, que todavía cuentan con mucha receptividad, obtusa o complaciente, según la entusiasta disposición a recortar constantemente los límites de las libertades cívicas.

Nuestras categorías mentales y los discursos sobre la punición están, efectivamente, atrasados; pero, por otra parte, las categorías jurídicas y políticas que los generan están pensadas para Estados particulares, no para un sistema mundial, en momentos en que la globalización creciente exige medidas de control extrasistemáticas, de cualquier tipo, elaboradas conforme a necesidades coyunturales y urgencias de los Estados Unidos (terrorismo, narcotráfico, etc.) y a las de las sociedades globales del presente.

Los niveles crecientes de violencia social y hasta de violencia gratuita en el marco del deterioro de los modelos sociales neoliberales, han permitido que la manipulación mediática popularice la imposición de políticas draconianas de cualquier tipo, y la implantación de soluciones puramente empíricas y de ocasión, como que se legisle y ejecute para satisfacer el clamor desatado por casos concretos. Ello puede verificarse con la aplicación de penas de muerte oportunistas en Guatemala, o los intentos de re - implantarla durante la década de 1990 y la de 2000 en Argentina, Brasil o El Salvador, o los linchamientos barriales verificados en numerosos países latinoamericanos, o las modificaciones penales y procesales consumadas en Argentina para casos específicos acompañados por gran conmoción social (el caso “Cabezas", el caso “Blumberg”).

Se avanza siempre, por fatalidad o deliberación, hacia la pura seguridad sin tratamiento, en medio de políticas criminales fragmentarias, erráticas y oportunistas, con la ventaja —para ellos— de que los planificadores de engendros ahora ni se ruborizan ante la crítica de alguna autoridad científica que demuestre, en pocas palabras, a dónde conduce el activismo punitivo posmoderno. Se ha perdido la vergüenza, que, según dice el refrán, jamás se vuelve a encontrar.

Al fracaso histórico inocultable de la idea de resocialización, parece suceder el desinterés por las hipótesis utilitarias con buenas intenciones atenuantes. Del gastado repertorio de fundamentos sobre la pena y su finalidad, se busca lo más directo, elemental y tosco. Estas circunstancias revelan hasta qué punto el derecho ha potenciado su rol de piadosa ficción declarativa, incapaz de restituir los equilibrios alterados en la convivencia social. Los desequilibrios son tan importantes, que el derecho ha sido compelido a fungir como paliativo ocasional para algunos conflictos agudos de sociedades altamente patologizadas por sus contradicciones. El producto final, la ejecución de la pena, pierde interés en este contexto histórico, y pasa a ser una especie de barrio marginal más, sólo que severamente vigilado.

2. La situación material, moral y humana de la ejecución penal en América latina. Los motines

Las organizaciones totales son espacios construidos para hacer sufrir castigo deliberadamente, donde las conductas reprochadas se repiten y entrenan, preparando su reproducción futura con mayores dosis de violencia. Es absurda la pretensión de imponer al preso (por la fuerza y la coacción) un sistema de valores que no comparte, no entiende o al que, en definitiva, solo podrá integrarse a su egreso, en carácter de elemento prescindible y sin oportunidades para ejercitar los valores aprendidos (en caso de que haya aprendido alguno), salvo en carácter de mártir o samaritano social. El preso no es persona, porque carece de casi todos los derechos de un ciudadano cualquiera, pese a que formalmente se le conceden unos cuantos, aunque raramente se le deja ejercerlos. Esto es la esencia de una ideología totalitaria y desigual. El encierro segregante —está dicho hasta el cansancio— no permite al preso tener amor propio, dignidad, y ni siquiera espontaneidad. Pretender reeducarlo allí es, según dije mediante una figura que fue festejada en su momento, como enseñar a jugar al fútbol adentro de un ascensor.

La cárcel desemboca, una y otra vez, en el control violento de sumisión absoluta, hasta la inevitable eclosión periódica del caos, en forma de brutales motines. El sistema penitenciario es el máximo grado de entrenamiento para la sumisión de todo el aparato de control formal. Lo que apunte a la dignificación humana no paternalista (con reconocimiento del otro y su autonomía) termina siendo rechazado y sospechado. Se permite la estructuración de jerarquías internas entre presos, cuya medida es la capacidad de violencia física e intimidación sobre los presos no violentos, débiles, aislados o recién llegados.

Finalmente, la violencia interna sirve para explicar y justificar la externa, o sea, la intervención institucional represiva, mediante la cual se cometen todo tipo de excesos, no sólo en la sofocación de motines, sino también en el control de seguridad cotidiano, por ejemplo, mediante las llamadas "requisas". La vida cotidiana entre muros reitera y refuerza carencias infraestructurales que los condenados experimentaron antes en su medio social: los internos sufren por la falta de elementos, de higiene, de la posibilidad de conservar alimentos, de calefacción, de medicamentos adecuados contra el Sida o la bronquitis. El Sida constituye uno de los más dramáticos flagelos, porque se multiplica aceleradamente en las condiciones antihigiénicas de adicción y sexo carcelarios. Cuando un interno contagiado egresa, transmitirá el mal a su esposa e hijos por nacer, y actuará como multiplicador social del mal.

Las drogas y el Sida son causa y efecto para nuevas y reiteradas violaciones de los derechos humanos y de refuerzos del control carcelario. Se pretende impedir el ingreso de sustancias psicotrópicas, pero estas acceden permanentemente por los increíblemente versátiles medios de que se valen los internos, a través de sus visitas o el tráfico a cargo de los propios guardias. Se pretende aislar a los enfermos de HIV, sin conocerse con exactitud cuántos y quienes son, aún cuando en Argentina se han verificado ciertos progresos, dentro de los límites financieros, en orden a tratamiento y detección. En Argentina los presos-pacientes llevaron a cabo huelgas de hambre, para forzar la liberación extraordinaria de los enfermos terminales, posibilitándoles una muerte digna. Incluso ha habido fallos judiciales que lo permitieron, por argumentos "extra - legem", obviamente de naturaleza humanitaria,porque cualquier paciente tiene derecho a pasar los últimos días rodeado por su familia.

Los presos padecen también por atención sanitaria mala, falta de medicamentos, déficit alimentario y de ropa adecuada, celdas ardientes y sofocantes en el trópico y frías en zonas con clima de montaña o austral, etc. Es sabido que los presos deben soportar la separación de sus familias o la impotencia ante su frecuente disgregación; que sufren la falta de información sobre el estado de sus causas, el terror hacia la violencia interna y la presión psicológica externa, por falta de trabajo o reglamentación del ocio, así como de ambigüedad cotidiana del personal, que oscila entre trato amistoso y las actitudes represivas. También son frecuentes la falta de control judicial, y la sobre - población que resulta de la práctica de mantener en detención a tantos transgresores como sea posible dilatando sus procesos, etc.

Existe un discurso oficial, situado entre la fatalidad y el optimismo, conforme al cual no puede hacerse otra cosa que encerrar a los peligrosos para la sociedad, pero comprometiendo el esfuerzo esperanzado en hacerlos mejores. Sin embargo, la cárcel es un sitio donde siempre triunfa el valor supremo seguridad, al que todo lo demás termina subordinándose, y se expresa en infinidad de manifestaciones autoritarias y antidemocráticas. Cuando se visita una cárcel puede percibirse claramente que la experiencia está siendo manipulada, y en cuyo transcurso se pretenderá mostrar sistemáticamente lo que el servicio hace con los presos, pero no lo que los presos sienten por sí mismos, o hacia los funcionarios del penal, o sea, sus miedos, odios, valores y esperanzas. Institucionalmente se actúa como si fuese inconveniente que "ellos" digan cómo están o quiénes son. Se pretende exhibir así, una sola cara, la del aparente reinado utópico del orden y la disciplina, de una realidad "tranquila", que, en verdad, está integrada por dos universos incompatibles en constante enfrentamiento.

La decadencia del paradigma resocializador orientó las políticas penales latinoamericanas hacia una nueva crisis, que, en realidad, es parte de la crisis mundial de la cárcel, que amenaza con empeorar según la situación social vigente en América Latina. Hace casi 20 años (¡!), el 28 de junio 1997, la televisión española propaló un informe sobre la situación mundial de las cárceles, que constataba —en todo el mundo— situaciones aberrantes, pero muy especialmente en África y América latina (lamentablemente, hoy España también ha retrocedido largamente en la materia, y debería ser objeto exclusivo de otro documental). En todo el mundo se experimenta el absurdo sin salida de las sobrepoblaciones, a que están expuestas todas las cárceles; recuérdese que para solucionar ese problema se ha apelado, en ocasiones, a recursos que la prensa actual condenaría como inadmisibles; así, en Brasil, tras un motín de 6 días con una fuga espectacular de 50 presos de la repleta cárcel de Goiás, el entonces Presidente Cardoso decretó un indulto para delincuentes comunes para beneficiar entre 15 y 18 mil presos, cerca de la décima parte de la población carcelaria del país. Se trató del indulto más amplio en la historia del Brasil, y benefició a los condenados por hasta 6 años de prisión . Posiblemente fue el mayor caso de liberación masiva de América Latina.

En El Salvador, tras numerosos motines, también se dispusieron libertades forzosas en mayo de 1996, al quedar rebasada la capacidad de internación, que contenía a un 70% de presos sin condena. Cuando el gobierno retomó la política de mano dura, los presos impidieron el ingreso de nuevos internos, mediante huelgas de hambre, bloqueo de entradas y amenazas de suicidios en masa. También es conocido el caso de la cárcel brasileña de Belo Horizonte, en la que, en 1985, los presos, para protestar contra el hacinamiento, pusieron en marcha un juego llamado "los sorteos de la muerte", mediante el cual, quienes salían seleccionados eran ejecutados por sus compañeros, "para hacer más lugar".

Al momento de la masacre de la cárcel de Sabaneta, en Venezuela, este país contaba con 33 prisiones que albergaban 35.000 reclusos, o sea, siete veces por encima de su capacidad declarada. Pero además del hacinamiento y las carencias, en muchas cárceles de América Latina se infligen malos tratos y torturas a los presos, como ocurre con frecuencia en Paraguay, desde siempre.

Restaría agregar el capítulo de los adictos y alienados, doblemente victimizados, por su adicción y/o la insuficiencia terapéutica. Las leyes están repletas de indicaciones sobre el tratamiento que se dará a estos presos en establecimientos especializados, que en realidad, en lo que hace a las adicciones graves, no existen, y en el caso de los presos alienados no son más que secciones de los hospitales neuro-psiquiátricos comunes. Tal es el caso de las U -20 y U - 22 del Servicio Penitenciario Federal Argentino, que funcionan dentro de los Hospitales Borda y Moyano.

Este capítulo del encierro entra en contacto con el tema de las políticas de salud mental, que no es propia de este trabajo, pero que en Latinoamérica muestra un alarmante predominio de las ideas manicomiales segregadoras y del abuso de medicación de los pacientes, sean o no acusados de delitos. Los manicomios latinoamericanos son —en general— casas del terror a las que se ingresa para no retornar más al medio social, ni a la vida en condiciones humanas.

La desesperación, el estrés, el miedo y la violencia multiplican generosamente la posibilidad estadística de perder la vida en el encierro, sea por agresión de terceros, riñas, autodestrucción o accidentes y siniestros que atrapan entre las rejas a una multitud de personas. Los presos conviven con la muerte, y el ansiado momento de la salida es, en realidad, un cálculo regresivo hacia la vida, cuyas cuentas se van tachando en las paredes y los almanaques. De los numerosos peligros latentes, el principal factor letal carcelario son los motines o sublevaciones, que en que América Latina encabezan el listado mundial de decesos. En los últimos veinte años, estos hechos trágicos de gran violencia causaron miles de muertes, tanto de presos, como de guardias, policías y particulares de toda edad, tomados como rehenes en medio de situaciones fuera de control.

En 1999, enumeré 36 casos de motines fatales en países latinoamericanos, que no transcribiré aquí por razones de espacio. De todos modos, me valdré de algunas de esas referencias, que ya eran fragmentarias, por la disponibilidad aleatoria de datos para hacer el recuento, para el que me basé, casi exclusivamente, en informaciones periodísticas. En los hechos que se señalaban, podía verificarse, contabilizando sólo los presos fallecidos, que sumaron 1786 en veinte años. Dada la parcialidad de mis fuentes (carecí de datos completos sobre América Central, México, Ecuador y otros países) y la cantidad de centros de detención por fuera de las cárceles propiamente dichas (comisarías, retenes, guardias, alcaidías, cuarteles, cárceles civiles y militares, federales y provinciales) la cifra debería ser, aplicando un cálculo hipotético pero bien posible, duplicada y crecería aún más, contabilizando no sólo a los presos, sino a las víctimas de todo tipo que perecieron o fueron gravemente heridas en medio de esos conflictos.

En la primera hipótesis, estaríamos hablando, aritméticamente, de 3572 víctimas fatales de la violencia que genera el encierro de seres humanos. Sin embargo, un cálculo presuntivo demuestra que, si se estimase el total de centros de detención de América Latina en 3000 (cantidad deliberadamente baja), y suponiendo que en 20 años se haya producido sólo una muerte violenta en cada uno de ellos, nuestras estimaciones podían trepar (plausiblemente) hasta más de 5000 muertes. También es un dato de la realidad que los presos contraen incapacidades por lesiones y enfermedades graves como consecuencia del encierro, y que deberían añadirse las víctimas de la condición manicomial, para dar otro envión al monto total. Hablaba entonces, y lo podría reproducir hoy, de cantidades masivas de muertes que pasan inadvertidamente al olvido, como si no expresaran nada sobre la condición humana de nuestras sociedades.

Los motines carcelarios son similares en causas y efectos, y sobre algunos de ellos se han escrito libros y realizado investigaciones minuciosas, que descansan en los anaqueles como documentos históricos sobre el terror; de entre ellos, puedo citar los trabajos de Elías Neuman sobre la cárcel de Devoto, en Buenos Aires y en una cárcel de menores del interior, o las investigaciones sobre Tocorón y Sabaneta en Venezuela. En el primer caso, oficialmente se explicaron los hechos por accidente, en el segundo como conflicto inter - étnico y cultural.

En pleno siglo XXI, tales justificativos e interpretaciones conservan vigencia. Tomemos por caso lo ocurrido recientemente en Honduras, donde este modelo de acontecimientos fue aplicado (y reiterado en poco tiempo), para “quitarse de encima” a los peligrosos “mareros”.

Así, en abril del 2003, 68 personas, en su mayoría reos miembros de las maras, murieron acribilladas a tiros y quemados en el penal de la ciudad de La Ceiba, 185 kilómetros al norte de Tegucigalpa, tras un violento motín. El Ministerio Público procesó a 51 oficiales y agentes de la Policía y del Ejército por la matanza. Pero (vaya fatalidad), resultó que un año más tarde, en mayo de 2004, otro incendio en una prisión en el norte de Honduras causó la muerte de al menos 103 reos, también miembros de maras o pandillas, a poco más de un año de las muertes de La Ceiba; esta vez, los hechos, casi calcados, se repitieron con un incendio durante la madrugada en la prisión de la ciudad de San Pedro Sula, a 165 kilómetros al norte de Tegucigalpa. Según grupos privados y estatales de defensa de los derechos humanos, casi 2.500 jóvenes han sido asesinados en Honduras desde 1998 a manos de escuadrones de la muerte, integrados por policías o ex policías, y debido a las disputas entre las propias maras. Increíblemente, frente a estos datos, el Gobierno negó que existiera una política de exterminio de los pandilleros. O sea, algo así como la versión hondureña de las teorías negadoras del Holocausto nazi.

En otros casos, la enajenación cunde entre los propios presos, como demostraron los “sorteos de la muerte” de Brasil. En todos los motines una causa, al menos, es común: el encierro enajenante y opresor contra el que se reacciona con o sin motivación ideológica, racial o cultural. Destaco que omito en este trabajo, por razones de espacio, los sucesos históricos atroces acontecidos en cárceles brasileñas, probablemente los más espantosos y cuantiosos, aunque puede vérselos en detalle en mi trabajo antes aludido.

Continuará...